Halliburton ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion
La empresa había notificado el 5 de septiembre que su filial argentina no participaría del proyecto.
Halliburton, una de las principales proveedoras de tecnología, equipos y personal especializado para la extracción petrolera, ratificó que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes. Según BAE Negocios, la decisión alcanza también a todas sus subsidiarias.
La declaración llegó desde la casa matriz en Houston después de contactos con autoridades federales argentinas, que plantearon consultas sobre la aplicación de la legislación civil y penal vigente y las regulaciones para contratar empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. La Cancillería había distribuido cerca de 180 notificaciones a firmas de servicios petroleros para advertirles sobre las consecuencias de colaborar con Sea Lion, entre ellas restricciones para operar en la Argentina y en Vaca Muerta.
El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar contra Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y ordenó suspender las obras relacionadas con el proyecto. Según BAE Negocios, Navitas posee el 65% del emprendimiento y Rockhopper el 35%, y ambas compañías mantienen su objetivo de comenzar la producción en 2028.
Según BAE Negocios
El 28 de septiembre, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para intentar impedir el avance de Sea Lion. Según BAE Negocios, Londres respondió el 30 de septiembre: la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos y rechazó el planteo argentino.
Según Infobae
El 30 de agosto, Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.