El juez Cormick señaló que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de la ley en 2025 representaba cerca del 0,23% del PBI nominal proyectado.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir "de inmediato" la totalidad de la normativa, incluidos salarios, gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y fondos para investigación y ciencia. El fallo lleva la firma del juez Martín Cormick y dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.