El Gobierno rechazó dividir el proyecto de Malvinas y propone una bicameral de control
El oficialismo aún no tiene los votos para llevar la iniciativa al recinto en la semana del 21 de octubre.
La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, defendió este miércoles en un plenario de comisiones de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y rechazó dividirlo en distintos textos, como pidió la oposición. La funcionaria anticipó que el Ejecutivo evalúa incorporar un artículo que cree una comisión bicameral de control y seguimiento en el Congreso.
Unión por la Patria está dispuesta a aprobar el primer título, que abarca los primeros 40 artículos y endurece las sanciones para quienes violen la explotación de hidrocarburos y recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina, pero rechaza el resto del contenido. La funcionaria sostuvo que el título primero no se puede tratar por separado del resto.
Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto. Para poder defender las Islas Malvinas y el resto del territorio necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes sino también que el Estado y nosotros como argentinos tengamos las competencias y facultades necesarias para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabraMaría Ibarzabal Murphy, secretaria de Legal y Técnica
Según Clarín
La funcionaria se mostró abierta a hacer cambios en el artículo 111 del Capítulo VI, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación. "No criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa. No tiene nada que ver. Si es necesario hacer ajustes para que no queden dudas", afirmó.
Según La Nación
La secretaria de Legal y Técnica cerró su exposición con una aclaración sobre la incorporación del artículo 225 bis al Código Penal, que castiga con hasta 12 años de prisión a quien, financiado por un actor extranjero, "procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva". Aseguró que el articulado "no criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa" y que, de ser necesario, se introducirán "ajustes para que no queden dudas".